El reciente homicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años en el Valle del Cauca, ha causado conmoción y revelado graves deficiencias en los sistemas de protección infantil. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reconoció errores en los protocolos que debían haberse activado tras la desaparición de la menor el 29 de septiembre en Candelaria. La ministra destacó que “todos los mecanismos fallaron”, subrayando la necesidad urgente de revisar y actualizar los procedimientos de alerta que datan de hace más de dos décadas.
Buitrago señaló que este lamentable hecho pone en evidencia la responsabilidad no solo del Estado, sino también de la sociedad en la protección de los menores. A pesar de las medidas tomadas desde la desaparición de Sofía, como la activación de alertas tempranas, no se logró evitar el trágico desenlace. La ministra enfatizó que la comunidad debe colaborar estrechamente con las autoridades para denunciar cualquier situación sospechosa y evitar así que otros menores sean víctimas de violencia.
Este caso ha llevado a las autoridades a plantear reformas judiciales para fortalecer la protección infantil y agilizar los procesos judiciales en delitos contra menores. La ministra presentó una controvertida propuesta que busca implementar rebajas de penas para quienes acepten cargos, siempre y cuando se mantengan condenas mínimas de 14 años. Según ella, esta medida está diseñada para combatir la impunidad, permitiendo que los responsables enfrenten la justicia sin dilaciones, aunque ha sido objeto de críticas y debate público.
En relación al presunto culpable, Brayan Campo, quien ha sido arrestado y enfrentará cargos por homicidio agravado, la ministra ha pedido que las investigaciones se realicen de manera rigurosa y rápida para asegurar que se haga justicia. Además, el gobierno busca establecer alianzas con sectores privados, como el transporte y la hotelería, para detectar comportamientos sospechosos que puedan alertar a las autoridades de forma temprana.
La tragedia de Sofía Delgado es un recordatorio de la fragilidad de los mecanismos de protección existentes y la necesidad de un cambio estructural que abarque desde la respuesta del Estado hasta la cooperación de la sociedad civil. Las autoridades han prometido reforzar las políticas de prevención para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir, instando a todos los sectores a colaborar en la construcción de un entorno seguro para los menores.
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