La situación de La Guajira es crítica y requiere una atención integral por parte del Estado. La declaratoria, que fue expedida por el Gobierno el pasado 2 de julio, pretendía abordar las dificultades que enfrenta La Guajira en materia de pobreza, desnutrición, salud, educación, infraestructura y medio ambiente, agravadas por los efectos del cambio climático, pero la Corte Constitucional la anuló parcialmente, argumentando que no se cumplían los requisitos legales, ya que acorde a la jurisprudencia constitucional sólo debe usarse para situaciones imprevistas y no para problemas de larga data.. La decisión de la Corte Constitucional es una muestra más de la falta de voluntad política para resolver los problemas estructurales que afectan a esta región.
Solo se mantuvieron las medidas relacionadas con el abastecimiento de agua potable, que se mantendrán por 12 meses. y es uno de los problemas más graves que enfrenta la población de este departamento.
Esta sentencia es un golpe duro para las aspiraciones de desarrollo de La Guajira, que lleva décadas esperando una atención integral y efectiva por parte del Estado. La declaratoria de emergencia era una oportunidad para impulsar proyectos y acciones que mejoraran las condiciones de vida de los habitantes de este departamento, especialmente de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son las más vulnerables y marginadas.
Según “El País”. La Corte Constitucional ya había reconocido en 2017 la existencia de una crisis humanitaria en La Guajira, y había ordenado al Gobierno adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de esta población. Sin embargo, cuatro años después, los avances han sido mínimos y los indicadores sociales siguen siendo alarmantes. La Corte consideró que la emergencia climática justificaba la intervención del Gobierno en este aspecto, pero no en otros que son de carácter estructural y que requieren soluciones de largo plazo.
Es necesario que la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional mantengan la presión y el seguimiento sobre este tema, y exijan al Estado colombiano que cumpla con su deber constitucional de proteger y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distinción ni discriminación.
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