Las falacias y argumentos políticos de los senadores que piden hundimiento de la Reforma la Salud

Como lo ha dicho en varias ocasiones Mauricio Jaramillo, politólogo y Profesor de la Universidad del Rosario, los debates de la oposición, críticos y contrarios al “gobierno del Cambio”, no se han dado con la altura, ni con argumentos técnicos y académicos serios; se han generado una serie de argumentos débiles, muchos de ellos con inexactitud, falacias y mentiras, basados en supuestos irreales y contrarios a los hechos.

Por ejemplo, en el espectador del pasado 12 de marzo de 2024, se publica que siete senadores de la Comisión Séptima (realmente fueron ocho), piden archivar la Reforma a la Salud, y sintetizan seis puntos, que según ellos son los “motivos gruesos” para la solicitud de ese archivo.

1. La reforma es regresiva en términos de derechos adquiridos, debido a que coarta la libertad de elección de los prestadores de salud. Se olvidan los senadores que el actual diseño institucional implica la selección de una Entidad Promotora de Salud-EPS, (ya en otras oportunidades se ha mencionado que de promotoras pocón pocón), las cuales tienen configurado una Red de Prestadores, lo cual implica que es la EPS la que selecciona y contrata a sus prestadores. Por ejemplo, un residente de la ciudad de Cali, le asignan una IPS primaria, y esta a su vez remite, según necesidad a su red propia o adscrita. Si la persona desea asistir a la Fundación Valle del Lili para su atención, lo tendrá que hacer de forma particular si su EPS no tiene convenio o contrato vigente con dicho prestador. Adicionalmente, en más del 50% de los municipios del territorio nacional existe un solo prestador, que es principalmente público, el cual debe atender las urgencias o medicina prioritaria al 100% de sus pobladores. Si es remitido, igualmente se envía la Red Pública o Privada adscrita a su EPS. Por tanto, ¿dónde está la libertad de elección?

• La Reforma a la Salud no tiene Aval Fiscal e insostenibilidad financiera. Ya esto lo han explicado tanto la exministra Corcho, como el actual ministro, se tiene unos estudios previos que ha hecho Luis Jorge Garay, se tienen conceptos previos por parte del Ministerio de Hacienda que guían la cuantificación de los costos de la implementación. Solo cuando se apruebe el articulado final, con todas las proposiciones, ajustes y modificaciones es que se sabrá con mayor precisión los costos de su potencial implementación. Refieren que no hay fuentes de financiación: es decir, no se han leído la propuesta que las describe en diversos artículos; varías de estas fuentes han sido muy criticadas por varios “expertos” por sus orígenes y movimientos que tendrían los recursos financieros, de ser aprobada, la nueva Reforma a la salud.

• Desconoce los logros del sistema de salud. En ninguna parte de la propuesta a la Reforma a la Salud describe que se acabarán con las IPS, los prestadores, los laboratorios, entre otros, quienes son los que soportan la prestación de los servicios de salud del actual sistema de salud. Lo que si se propone es eliminar la intermediación financiera, la cual ha generado grandes emporios económicos con desviación de recursos públicos y casos de corrupción más que documentados. La remisión de pacientes será una articulación entre los CAPS o sus equivalentes con la configuración y articulación de las Redes Integrales e Integrales de Salud. Insisto hay que leer críticamente para evitar posturas que generan desinformación.

• No resuelve los retos del sistema actual. Los principales retos del presente, son tanto las dificultades de acceso a nivel urbano como rural; primero, al excluirse las autorizaciones que generan los profesionales de la salud, al incluir el componente administrativo resolutivo en los CAPS, se espera disminuya las trabas burocráticas, que son el principal dolor de cabeza de cientos de miles de afiliados al actual Sistema General de Seguridad Social; de otra parte, el conformar equipos extramurales, y fomentar la atención en zonas dispersas, generará una oportunidad real a quien actualmente no usa ni tiene acceso a la prestación básica del servicio de salud. Si a esto se le suma el trabajo articulado con otros sectores (vivienda, transporte, educación, cultura, agricultura), se generarán mecanismos de trabajo intersectorial, tan necesario para incidir sobre los determinantes sociales. No es que el sector salud se especialice en temas específicos, pero si se espera que lidere u oriente la generación de planes y proyectos territoriales de acuerdo a las condiciones de salud de los pobladores en las diferentes zonas donde ocurren los problemas.

• No garantiza la transparencia en el manejo de los recursos. Se ha explicado que los recursos se organizarán y distribuirán por una entidad como la ADRES, la cual, por supuesto, debe incrementar su capacidad técnica y operativa, y se ha definido que se harán seguimiento, supervisión y vigilancia por parte de los entes territoriales departamental, municipal, y por supuesto con el apoyo de las gestoras, con el pago de una proporción de la UPC por funciones de revisión de cuentas, auditorías clínicas y de calidad. Sumado a lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, tendrá mayores funciones de Vigilancia y Control; adicionalmente, entidades como las Personerías, Defensorías y Contraloría, no se eliminan, ni es el propósito, y deben adaptar sus mecanismos de Vigilancia y Control para la supervisión del manejo transparente de los recursos. Que hay riesgos, por supuesto que sí, pero esos existen también en el actual diseño institucional, es decir el riesgo de corrupción es extrasectorial y debe ser abordado con diferentes instrumentos de política pública.

• No representa un consenso nacional. En este punto estamos de acuerdo parcialmente, es una propuesta que afecta profundamente a los interesados en el negocio de la salud, al grupo de entidades que se han lucrado durante muchos años, y que han violado, varias de ellas, sistemáticamente el derecho a la salud. No se entiende, por tanto, la postura, por parte de los senadores, cuando dicen que con la propuesta de archivo van a defender el derecho a la salud, si estos actores (EPS) son los que han violado este derecho en los últimos años de una forma sistemática y constante. Tampoco es cierto que no haya respondido a las preocupaciones de la Sociedad Civil, al contrario, es una propuesta que proviene originalmente de miembros de la Sociedad Civil, que ha tenido cientos de reuniones con integrantes de la Federación Médica Colombiana, de la Academia Nacional de Medicina, que ha generado decenas de Audiencias Públicas, escuchando a pacientes, usuarios y cientos, por no decir miles de expertos del sistema de salud. Que hay un grupo minoritario de expertos y grupos de pacientes que no les gusta y la critican, también es cierto. En democracia, es con argumentos y contrargumentos, y como ya nos lo demostró Bismark hace un poco más 140 años en Alemania, al final del Siglo XIX, son decisiones técnicas y políticas las que conllevan los cambios. Que las EPS y sus representantes se están amparando en unos congresistas que han recibido financiación para sus campañas, también es cierto.

Finalmente, hay algunos colegas que hablan de imposibles, como que “el sistema se va a estatizar”, todo porque el diseño institucional elimina la intermediación financiera; esto es un exabrupto, las IPS privadas no se convertirán en públicas por esto, los laboratorios no pasarán de las manos de privados al Estado por esta decisión política.

Insisto, la argumentación y contraargumentación debe subir el nivel, basarse en datos, hechos, escenarios que tengan evidencias consistentes. Evitemos que las percepciones, creencias ideológicas sesgadas y personales inunden el debate con inexactitudes y fakes. Favor flaco se le hace a la democracia, a la discusión técnica y a nuestros estudiantes si la argumentación se basa en información parcial o falaz.

Una nota de cristal de: Jorge Martín Rodríguez Hernández. PhD. Profesor Universitario

Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción