El choque de posturas entre el Ejecutivo y la Procuraduría pone en tela de juicio los límites de la autonomía universitaria y las facultades de control del ente disciplinario, generando un tenso debate sobre el equilibrio de poderes en el Estado.
El presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva controversia al cuestionar las facultades de la Procuraduría General para investigar al ministro de Cultura, Juan Carlos Ulloa, por su actuación en el caso de la elección del rector de la Universidad Nacional.
Petro afirmó que las decisiones de Ulloa, designado ministro ad hoc, son también sus decisiones como jefe de Estado. Insistió en que los funcionarios elegidos por voto popular no deben ser investigados ni sancionados por el ente de control.
“La política pública de un gobierno no se disciplina. Solo es controlable por el Congreso, la justicia y la ciudadanía”, manifestó el mandatario, desafiando abiertamente la determinación de la Procuraduría de abrir una indagación preliminar contra Ulloa.
Esta no es la primera vez que Petro acusa a la Procuraduría de abuso de poder en este caso. Anteriormente, calificó como ilegal su informe que avalaba la elección del rector Peña, argumentando que el ente no tiene potestad para decidir sobre la legalidad de actos en universidades públicas.
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