Para nadie es un secreto que el sistema de salud lleva un poco más de 30 años mostrando diversas fallas en la prestación y distribución de los servicios de salud. Al inicio del semestre me compartieron un artículo de prensa, donde el exministro de educación Alejandro Gaviria manifestaba que en la reforma de salud que iba a presentar el gobierno nacional (durante 2013) eliminaría las intermediación de las EPS creando un fondo único, que para la época se llamaría Misalud, el cual generaría procesos de afiliación, recaudo de pago, y los recursos se transferirían directamente a hospitales y centros de salud que prestaban los servicios a la población; tácitamente manifestaba: “Las EPS pasan a ser administradoras de salud y ya no estarán encargadas del dinero, se acaba la intermediación financiera, ya no manejarán la plata, no podrán tener integración vertical, esto es, no podrán tener hospitales y clínicas como pasa con algunas de las EPS hoy en día”. Todos sabemos que no hubo tal reforma, pero si la creación de la ADRES (Administradora de Recursos en Salud), que actualmente, está siendo satanizada, acusada y vilipendiada de ineficiente, y que, sin mayores argumentos técnicos, los contradictores de la propuesta de reforma la señalan como un posible nido de corrupción porque, según algunos, será manejada por “alcaldes y gobernadores”.
La narrativa se cae sola cuando en estos 30 años, los nidos de corrupción han existido en el lado privado; por ejemplo, son muy conocidos y renombrados los casos de corrupción de SaludCoop, Cafesalud, Medimás, los desfalcos de Coomeva, y los hallazgos de inicio de este año de Asmet salud, más las billonarias deudas que han dejado el cierre de más de 50 EPS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo en los últimos años. Adicionalmente, como me lo han revelado fuentes que trabajan en el presente en algunas de esas entidades: “los dueños obtienen suculentos recursos, los cuales tienen como destino generar nuevas inversiones en el exterior”.
La gran discusión de la reforma se ha dado en el manejo de los recursos; no obstante, se han generado diferentes narrativas, contrarias a las evidencias y a los hechos. Por ejemplo, un colega que publicó una columna hace algunos meses en el Espectador (La actual reforma a la salud es una caja de Pandora y debe ser archivada), manifestó que hay problemas de acceso y acomodación en la población principalmente de características rurales, lo cual no es completamente cierto. Los problemas de acceso, continuidad y oportunidad de los servicios de salud se dan principalmente en población urbana, la mayoría de las PRQS y tutelas se dan en personas de estratos 1 a 4 de zonas urbanas; inclusive, porque, como está bien documentado, son ellas quienes tienen más acceso a los sistemas informáticos, a los jueces y mecanismos legales para reclamar por sus derechos.
En múltiples ocasiones se ha evidenciado los problemas estructurales que tiene el sistema de salud por la contención del costo a través de mecanismos administrativos de “autorizaciones” que generan negación, dilación, obstaculización, entre otros, a los servicios de salud, siendo servicios necesarios, en muchas ocasiones, pero donde se interponen barreras para “cuadrar caja a final de mes”. Es decir, prima favorecer el “riesgo financiero” sobre la necesidad técnica de la atención y la prestación pertinente del servicio de salud. Con todo respecto, con el colega autor de la columna, a quien saludé en mayo de este año en los Estados Unidos, su no residencia en el país quizá le hace estar bastante alejado de la realidad y cotidianidad en la que vivimos los residentes en Colombia.
En ese mismo orden de ideas, pocos de los tecnócratas opositores y reaccionarios, hablan y reconocen la precarización laboral, las dificultades que hay en el hoy personal de la salud, los problemas relacionados con la contratación y discontinuidad de contratación que tiene el personal de salud. Es injusto que una buena parte de los facultativos y personal de la salud continué en modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS). ¿No es ilógico que muchos de los profesionales de salud, quienes cuidan la salud de los otros tengan problemas de inestabilidad laboral? De eso se habla, se discute poco y menos se defiende, porque insisto la discusión central está en el manejo de los recursos, de como “las EPS van a salir perjudicadas”. La discusión se debe centrar en los mecanismos en los que la población se puede beneficiar, (por supuesto, con mecanismos de contención de costos, que se deben implementar) con atención integral, generando procesos de continuidad y acceso oportuno cuando se requiera.
Varios argumentan que las listas de espera, los tiempos de atención especializada seguirán y serán iguales o peores. No lo creo, y menos si se implementan mecanismos de Telesalud, basadas en la aplicación de la resolución 2654 de 2019, junto con los mecanismos de implementación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS) y como se ha dicho insistentemente, con la implementación de auditorías médicas, contratación por paquetes, por eventos o por códigos relacionados, asociado a sistemas de contención de costos por auditorías de pares, entre otros. Que es posible que haya dificultades y problemas que resolver, indudablemente, pero el objetivo central estará en dar respuesta a las necesidades de salud de la población con calidad y oportunidad, no estará centrado en las finanzas como hasta ahora. Que hay que “cuidar la platica”, si, pero no a costa de eventos de morbilidad o mortalidad, como ocurre en el presente. Que es necesario mecanismos de fortalecimiento del Talento Humano en Salud, también, que incluya la creación de nuevos programas de especialización en hospitales y clínicas del país, con la supervisión y asesoría de las Universidades como ocurre en muchas partes del mundo, seguramente también, tendrá que darse.
Son muchos más los argumentos por los que la propuesta de reforma debe seguir adelante, no obstante, estos seguramente serán discutidos en otros espacios de opinión.
El autor de la columna de opinión declara no estar inmerso en ningún conflicto de intereses, eso sí manifiesta que directa, e indirectamente, ha sido un actor perjudicado por el actual modelo del sistema de salud actual, y ha insistido en eliminar las autorizaciones y barreras de acceso para mejorar la oportunidad y continuidad de los servicios de salud. Sus opiniones no reflejan una postura institucional, solo son de carácter personal.
Una nota de cristal de: Jorge Martín Rodríguez Hernández. Profesor Investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana (Bogotá).
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