Muchas inquietudes, demasiadas preguntas
En teoría, la valorización es un proceso natural en el desarrollo urbano: cuando el Estado
invierte en infraestructura pública, los bienes inmuebles cercanos aumentan su valor
debido a los beneficios que trae la nueva obra. De ahí surge la contribución por
valorización, un tributo que los municipios pueden cobrar a los propietarios de predios
que, en principio, se benefician económicamente de estas inversiones.
Este cobro se justifica con la lógica de que, si una obra pública mejora el entorno, quienes
reciben ese beneficio deben aportar financieramente a su construcción. Hasta ahí, el
mecanismo parece justo y equitativo. Pero la realidad en Armenia ha demostrado todo lo
contrario.
Diez años después, la herida abierta del escándalo de valorización en Armenia sigue
sangrando, infectada de corrupción, impunidad y abuso contra la ciudadanía. Un robo
descarado disfrazado de progreso, una burla monumental a los ciudadanos, una carga que
todavía pesa sobre los hombros de quienes han sido forzados a pagar por obras que no
existen.
Lo que en 2014 se presentó como un plan de infraestructura para el desarrollo de la
ciudad terminó siendo un desfalco monumental disfrazado de progreso.
El Acuerdo 020 de 2014 aprobó el cobro de la contribución de valorización bajo una
premisa simple: se paga por obras ejecutadas que generan beneficio a la ciudadanía. Pero
la trampa fue perfecta. Se aprobó el cobro de una contribución de valorización con la
promesa de 12 grandes obras que transformarían la ciudad, lo que nunca ocurrió. Doce
promesas. Doce mentiras.
De 12 obras prometidas, solo 4 se ejecutaron y, se ejecutaron mal y con sobrecostos; los
costos de las obras construidas se cuadruplicaron.
Mientras los corruptos se repartían y se reparten todavía, el botín, el pueblo paga.
Mientras los funcionarios se llenan los bolsillos, los ciudadanos son embargados por no
poder pagar una contribución que nunca se ha traducido en el beneficio prometido.
Y, durante estos diez años las administraciones siguientes convirtieron la valorización en
una máquina de recaudo sin fin.
Los ciudadanos son obligados a pagar por un fraude, bajo amenazas de embargo y
sanciones.
Aquí surge una pregunta fundamental: ¿es legal seguir cobrando por obras que no
se hicieron?
Desde una visión estrictamente jurídica, podría argumentarse que el acuerdo municipal
sigue vigente y que el cobro está respaldado por una norma aprobada por el Concejo de la
época. Pero una norma puede ser legal y, al mismo tiempo, ser ilegítima. La esclavitud fue
legal. El apartheid fue legal. Las dictaduras aprueban sus propias leyes para justificar su
abuso de poder. La legalidad no es sinónimo de justicia. Lo que es legal no siempre es
legítimo.
Hoy, el cobro de la valorización en Armenia es ni legal ni legítimo.
NO ES LEGAL porque contradice los principios fundamentales de la contribución de
valorización: solo se paga por obras ejecutadas y por beneficios reales recibidos. Aquí, la
ciudadanía no ha recibido el beneficio y la corrupción consumió buena parte del dinero.
NO ES LEGÍTIMO porque la gente no lo reconoce como justo. La legitimidad no proviene
de un papel firmado en el Concejo Municipal, sino de la confianza ciudadana en sus
instituciones. Y cuando la ciudadanía percibe que el gobierno no responde a sus intereses,
sino que los asfixia con cobros injustificados, se rompe el pacto social.
Esta es la realidad: se sigue cobrando una contribución sin obras, se embarga a quienes no
pueden pagarla y el dinero sigue desapareciendo sin explicaciones claras.
Preguntas que nadie responde:
¿Cómo es posible que el municipio siga cobrando una contribución por valorización
cuando las obras nunca se ejecutaron en su totalidad?
¿Por qué el pueblo debe pagar las consecuencias de la corrupción?
¿Quién ha auditado el dinero recaudado en estos diez años?
¿Las Contralorías Municipal, Departamental y Nacional han hecho su trabajo o son
cómplices con su silencio?
¿Es justo que una persona pierda su casa por no poder pagar una deuda que se originó en
el robo de los corruptos?
La gran pregunta: ¿A quién beneficia mantener este problema sin resolver?
Si algo ha demostrado este escándalo es que la corrupción no terminó con la primera
oleada de sanciones en 2018, no fue el final del saqueo, sino el inicio de un modelo
perverso de corrupción sistemática. Las administraciones siguientes encontraron en la
valorización una máquina de recaudo sin control, un negocio multimillonario, un negocio
rentable, donde cada obra se volvió un pozo sin fondo, con costos inflados y plazos
eternos, mientras la ciudad sigue esperando lo que le prometieron.
Un ejemplo escandaloso:
El puente entre SAO y la Avenida Centenario, símbolo del cinismo político, una de las
obras inocuas, obra que no resolvió nada, por el contrario, tiende a agravar el problema.
Costo inicial: $9.000 millones. Costo final: Casi $40.000 millones. Tiempo estimado de
ejecución: 9 meses. Tiempo real de ejecución: ¡10 años!
Si, esto pasó con una sola obra, ¿qué ha pasado con el resto?
Valorización y el impuesto predial: ¿otro despojo?
Como si esto fuera poco, la valorización no es el único golpe al bolsillo de los ciudadanos.
El problema se agrava con la actualización del avalúo catastral, que ha generado
aumentos desproporcionados en el impuesto predial.
El escándalo de valorización no es solo un tema de corrupción: es un asalto silencioso y
prolongado contra la ciudadanía. Es un modelo donde la administración no resuelve, sino
que perpetúa el problema, donde los ciudadanos son extorsionados legalmente, obligados
a pagar por un espejismo de desarrollo.
Pero no solo es valorización. El despojo no termina ahí. El problema está ligado a otra
maquinaria de recaudo descontrolado: la avalancha de aumentos en el impuesto predial,
impulsados por avalúos catastrales arbitrarios.
¿Cómo es posible que el valor de una propiedad aumente hasta 500% en pocos
años sin mejoras reales en la infraestructura el entorno?
¿Por qué los impuestos suben, pero la ciudad sigue en el abandono?
¿Quién se beneficia de estos cobros abusivos?
¿Quién está detrás de esta estrategia para vaciar los bolsillos de los ciudadanos, y
llenar hasta reventar, los de los corruptos?
La contribución de valorización y el predial desbordado no son instrumentos de equidad ni
de desarrollo, son mecanismos de recaudo injustificados, donde los ciudadanos pagan la
factura de la incompetencia, la avaricia y la impunidad, mientras el dinero sigue
evaporándose en los laberintos de la administración municipal.
Aquí no se trata de evadir impuestos ni de desconocer la obligación de contribuir al
desarrollo de la ciudad. Se trata de exigir justicia tributaria, transparencia y legitimidad en
el uso de los recursos públicos.
La valorización, tal como se ha manejado en Armenia, no es un mecanismo de desarrollo,
sino un instrumento de saqueo.
El verdadero problema: la cultura de la impunidad
El problema no es solo de unos funcionarios corruptos que fueron capturados. El
problema es un sistema que permite que la corrupción se perpetúe, se transforme, se
adapte y siga funcionando con nuevas caras y nuevas excusas.
Se han destituido alcaldes. Se han sancionado funcionarios. Se han destapado escándalos.
¿Y qué ha cambiado?
Armenia se ha convertido en una ciudad donde los ciudadanos trabajan para pagar
impuestos que no se traducen en desarrollo.
Es hora de que la ciudadanía despierte.
Es hora de que se exija transparencia real.
Es hora de que los responsables respondan.
Porque el problema de la valorización no es solo un escándalo del pasado. Es un saqueo
que sigue vivo.
¿Quién nos devuelve lo robado?
¿Quién se atreverá a romper el ciclo de impunidad?
¿Quién pondrá fin al abuso antes de que sea demasiado tarde?
La corrupción no se erradica con sanciones a unos pocos. Se erradica cuando el pueblo
deja de permitir que lo sigan robando. Y Armenia necesita ciudadanos que exijan justicia,
transparencia y legitimidad.
¡!! Que el miedo no nos silencie. Que la indignación nos movilice ¡!!
Una nota de cristal de: José Gustavo Hernández Castaño, Magíster en Ciencias Políticas. Columnista RJ
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