El excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por 14 años para ejercer cargos públicos por el caso Vitalogic, un millonario contrato para el manejo de las basuras en la capital santandereana.
Según la investigación del ente de control, Hernández habría incurrido en interés indebido en la celebración del contrato N° EMAB-003-2017 con la unión temporal Vitalogic RSU, por un valor de 9.600 millones de pesos, para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en Bucaramanga.
La Procuraduría estableció que Hernández habría favorecido a la empresa, que tenía vínculos con su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien había firmado un contrato de corretaje con Vitalogic por el cual recibiría una comisión del 10% del valor del contrato si lograba que la empresa fuera seleccionada.
La Procuraduría también encontró que Hernández habría presionado al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para que aceptara una fianza bancaria como garantía del contrato, en lugar de una póliza de seguros como lo exigía la ley.
Además, habría contactado directamente con los representantes de Vitalogic, les habría proporcionado información privilegiada sobre los requisitos del contrato y habría acordado designar a Jorge Hernán Alarcón como consultor para elaborar los términos de referencia de la licitación, quien también tenía vínculos con la empresa.
Estos hechos ocurrieron entre diciembre de 2016 y enero de 2017, cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga. El contrato se adjudicó el 31 de enero de 2017 y se firmó el 2 de febrero del mismo año.
Sin embargo, el contrato fue suspendido el 9 de febrero de 2017 por orden del Tribunal Administrativo de Santander, que acogió una acción popular interpuesta por un ciudadano que denunció las irregularidades en el proceso contractual.
El Tribunal consideró que se vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad en la contratación estatal. Además, advirtió que el contrato podía generar un detrimento patrimonial al municipio y un daño ambiental al río Frío.
El Tribunal ordenó a la EMAB suspender el contrato y abstenerse de realizar cualquier pago al contratista hasta que se resolviera el fondo del asunto. También ordenó a la Contraloría General de Santander y a la Procuraduría General de la Nación iniciar las investigaciones correspondientes.
En mayo de 2023, la Procuraduría emitió su fallo disciplinario contra Hernández y lo sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años. El exalcalde puede apelar la decisión ante el Consejo de Estado.
Hernández ha negado las irregularidades y ha dicho que su hijo fue ingenuo y que le tendieron una trampa. Ha afirmado que el contrato era legal y beneficioso para la ciudad y que fue víctima de una persecución política.
El caso Vitalogic es uno de los escándalos de corrupción que han manchado la imagen pública de Hernández, quien se presentó como un líder anticorrupción y quien aspira a las elecciones de Santander en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, a pesar de padecer cáncer de colon y estar inhabilitado.
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