(Fondo mixto, empresa de economía mixta y clientelismo jurídico: cuando la ley se pone al servicio del saqueo)
Cada vez que en Colombia se denuncia un escándalo de corrupción, la opinión pública exige castigos ejemplares, pero pocas veces se interroga el entramado legal que permite que esa corrupción ocurra una y otra vez. El verdadero cáncer no siempre es el soborno directo o el contratista irresponsable; es la capacidad del poder político para disfrazar de legalidad lo que en el fondo es una maquinaria bien aceitada de clientelismo, direccionamiento y captura institucional. El uso recurrente de figuras como los fondos mixtos y las empresas de economía mixta ha permitido que alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos manejen miles de millones de pesos sin licitación pública, sin competencia real y sin control efectivo. Lo más grave: todo esto ocurre bajo el manto de una normatividad que se ha convertido en coartada. Es la legalidad formal puesta al servicio del saqueo.
Una legalidad que simula, no que controla
El Estatuto General de Contratación señala que la licitación pública es la regla general para gastar los recursos públicos. Pero esta regla se ha convertido en letra muerta. La administración pública ha perfeccionado un modelo de ingeniería institucional para evadirla: se crean fondos mixtos, se celebran convenios con empresas de economía mixta, se fragmentan contratos, se activan urgencias ficticias y se justifican contrataciones directas con tecnicismos leguleyos. No es improvisación. Es método. Es estructura. Es perversión jurídica.
Fondos mixtos: del arte y la cultura al direccionamiento sin control
Nacidos como entidades sin ánimo de lucro para apoyar proyectos culturales y científicos, los fondos mixtos se han transformado en operadores paralelos del Estado. Por medio de convenios de asociación o cooperación, las administraciones públicas transfieren recursos multimillonarios a estos entes, que luego contratan sin licitación, sin publicidad, sin criterios de selección objetiva. Las Cortes han advertido que cuando hay recursos públicos e interés general, deben aplicarse los principios de la contratación estatal. Pero la advertencia se ignora. En muchos casos, estos fondos son simples fachadas para tercerizar funciones públicas y garantizar que los contratos terminen en manos de los financiadores políticos o los aliados de campaña.
Empresas de economía mixta: el caballo de Troya del clientelismo contractual
Las empresas de economía mixta han sido presentadas como innovaciones institucionales para unir lo público y lo privado. Pero muchas han degenerado en instrumentos de elusión legal. Como no están sujetas plenamente a la Ley 80 de 1993, se rigen por el derecho privado, y eso se ha usado para contratar obras, concesiones, servicios de TIC o aseo sin control ni competencia. Lo que debería ser una excepción estratégica se ha convertido en un atajo permanente para contratar con discrecionalidad. Y como en el caso de los fondos mixtos, detrás de muchas de estas empresas hay cuotas políticas, y redes de poder que actúan bajo una apariencia de legalidad.
Jurisprudencia clara, pero sistemáticamente ignorada
La Corte Constitucional ha sostenido (Sentencia C-949 de 2001, C-572 de 2014) que la gestión de recursos públicos impone la aplicación de los principios del derecho público, sin importar la forma jurídica del contratante. El Consejo de Estado ha sido explícito: cuando se usan estructuras legales para desnaturalizar la función administrativa y evadir la licitación, se configura desviación de poder (Rad. 20541 de 2017, Rad. 38731 de 2014). Y la Contraloría ha documentado cómo fondos mixtos y empresas de economía mixta se han usado para inflar presupuestos, subcontratar sin controles y desviar la contratación. Pero nada cambia, porque el problema no es la falta de normas: es su manipulación institucionalizada.
No es eficiencia: es saqueo con lenguaje jurídico
El ciudadano debe saber que cuando le dicen que no se hizo licitación porque el fondo mixto era más ágil, o que la empresa de economía mixta era más flexible, lo que hay detrás no es eficiencia sino simulación. Lo que se está validando es el clientelismo. Lo que se está cubriendo es la captura del Estado por redes de intereses privados que usan el aparato jurídico para garantizar su control sobre el gasto público. No estamos ante vacíos legales. Estamos ante una “legalidad” que se vacía de ética, se llena de tecnicismos, y se convierte en coartada para violar la Constitución sin que parezca ilegal. Hasta que esta estructura no se desmonte —y los responsables sean castigados no solo por lo penal, sino por su cinismo jurídico—, seguiremos siendo testigos de una corrupción que no necesita esconderse: le basta con parecer legal.
Un botón basta como muestra: el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes del Quindío, convertido en una verdadera maquinaria de clientelismo y corrupción, ha operado durante años al servicio de intereses particulares y de la politiquería local, traicionando su razón de ser. Lejos de promover el arte y la cultura, ha sido utilizado como caja menor de favores políticos, contratos a dedo y desviación de recursos públicos. En próximas entregas expondré, con nombres y pruebas, las tropelías, los montajes grotescos y la conducta sistemáticamente perversa de esta estructura que mancilla el nombre de la cultura en el departamento.
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