A pesar de que en Ecuador se promulgó la ley de abolición de la esclavitud en 1854, cientos de trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones han estado denunciando durante más de cinco años que son el vivo testimonio de que la práctica persiste; que ellos son los “esclavizados modernos”.
Furukawa estuvo en la mira desde hace más de seis años. A partir de una denuncia de extrabajadores en 2018, la Defensoría del Pueblo inició una investigación que determinó que en las fincas de la empresa se dieron condiciones de “esclavitud moderna” durante casi seis décadas. El organismo detalló condiciones “infrahumanas” de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. Más adelante, se iniciaron otras investigaciones, incluyendo una minuciosa investigación de la Fiscalía, que abrió un proceso penal aún en cauce. Paralelamente, se presentaron dos acciones de protección, unificando un primer grupo (de 123 personas) representado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y un segundo grupo (de 216 personas) representados por la Defensoría. Ocho de los denunciantes murieron en el proceso sin reparación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha lanzado un llamado urgente a Ecuador para que asegure la justicia y la reparación adecuada para más de 330 personas que presuntamente fueron víctimas de esclavitud moderna en plantaciones de abacá. Expertos en derechos humanos de la ONU han instado al país sudamericano a tomar medidas decisivas en dos juicios pioneros que enfrenta la empresa Furukawa Plantaciones. Estos juicios, considerados históricos por la magnitud de las acusaciones y el tiempo transcurrido, se centran en la trata de personas con fines de explotación laboral durante más de seis décadas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
La situación ha alcanzado un punto crítico con el inicio de una audiencia de revisión por parte de la Corte Constitucional de Ecuador, que se espera emita su veredicto en los próximos días sobre la presunta omisión de responsabilidad del Estado ecuatoriano en este asunto. Paralelamente, el Tribunal Penal de Santo Domingo está programado para pronunciarse el 20 de junio sobre si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales por los abusos de derechos humanos cometidos en sus plantaciones.
Además, la Organización de Naciones Unidas mediante su comunicado firmado por destacados relatores de derechos humanos, incluidos el relator sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, así como expertos en el derecho a la educación, la alimentación y el agua potable, le han pedido a Ecuador que intensifique sus esfuerzos en la prevención de formas de esclavitud moderna, fortaleciendo sus leyes y normativas y garantizando inspecciones laborales periódicas y efectivas, especialmente en sectores económicos de alto riesgo.
Los expertos de la ONU han subrayado la importancia de estos próximos juicios como una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas y otorgue la reparación adecuada a quienes sufrieron estos abusos. Han instado a Furukawa Plantaciones a asumir la responsabilidad por los delitos cometidos y a proporcionar una compensación adecuada, efectiva y oportuna a las personas afectadas.
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