El gobierno de Panamá anunció medidas más estrictas para deportar a los migrantes que ingresan ilegalmente al país a través de la selva de Darién, en la frontera con Colombia. La intensificación de estas acciones tiene como objetivo frenar la creciente ola migratoria hacia Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 352.000 personas han cruzado el Darién en 2023, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Las deportaciones se llevarán a cabo para quienes permanecen ilegalmente en el territorio panameño, y el gobierno se está preparando para utilizar aeronaves y vuelos chárter con este fin.
La decisión del gobierno de Panamá de endurecer las medidas contra los migrantes ilegales que atraviesan el Darién es una respuesta desproporcionada y violatoria de los derechos humanos. Estas personas huyen de situaciones de violencia, pobreza y persecución en sus países de origen, y buscan una oportunidad de una vida mejor en Estados Unidos. El Darién es una de las rutas más peligrosas del mundo para los migrantes, ya que implica atravesar una selva inhóspita, plagada de animales salvajes, enfermedades, y posibles grupos armados. Muchos mueren o desaparecen en el camino, y los que logran llegar a Panamá se enfrentan a condiciones precarias y hostiles.
El gobierno de Panamá debería respetar el derecho internacional y garantizar la protección y asistencia humanitaria a los migrantes que llegan a su territorio, en lugar de criminalizarlos y deportarlos.
Estos actos hacen visible la necesidad de leyes que ayuden a coordinar con otros países de la región y con Estados Unidos una solución integral y duradera al fenómeno migratorio, considerando también las causas estructurales que lo originan y las necesidades de las personas.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
