
Un reciente estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), ha puesto en evidencia graves inconsistencias en la gestión de los recursos y los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Este análisis, llevado a cabo en noviembre de 2024, tenía como objetivo evaluar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y los resultados obtenidos alertan sobre posibles distorsiones que podrían afectar tanto la transparencia como la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Incrementos Desmesurados en Servicios de Salud
Una de las principales conclusiones del estudio es el aumento inexplicable en las frecuencias reportadas para ciertos servicios de salud, que no se corresponden con la capacidad instalada del sistema. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un incremento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como la radiología (79,7%) y el laboratorio clínico (77,9%), también mostraron aumentos sustanciales. En términos generales, servicios como urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) experimentaron incrementos notables que, según los expertos, no se justifican con base en la infraestructura disponible ni en las necesidades reales de los usuarios.
Anomalías en Servicios Relacionados con el Cáncer
El estudio también destacó anomalías en los servicios relacionados con el tratamiento del cáncer. La quimioterapia y la radioterapia, por ejemplo, aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la tasa de incidencia de cáncer en Colombia es de solo un 4% anual. Esta disparidad plantea dudas sobre la veracidad de los reportes de las EPS y sugiere posibles irregularidades en la asignación de recursos para estos tratamientos.
Casos de Atenciones a Personas Fallecidas
Otra de las alarmas lanzadas por el informe tiene que ver con los 23.410 casos registrados de atenciones a personas que ya figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). El costo asociado a estas atenciones asciende a la alarmante cifra de 79.838 millones de pesos, lo que refleja una falta de control en los registros y el manejo de los datos de los afiliados.
Irregularidades en la Gestión de Medicamentos
En cuanto a los medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.
Falta de Validación de Datos en Procedimientos Médicos
El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.
Este estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gestión de recursos y la transparencia en el sistema de salud colombiano para garantizar una atención de calidad y equitativa para todos los ciudadanos.
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