Colombia, a pesar de su crecimiento económico en las últimas décadas, sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Según datos del Banco Mundial, más de 16 millones de personas viven en situación de pobreza en el país. Esta desigualdad se refleja en una concentración de la riqueza y el poder en manos de una élite que ha perpetuado sus privilegios a lo largo de la historia. (bancomundial.org)
En este contexto, la propuesta de una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro para impulsar reformas laborales y de salud ha generado una intensa controversia. Este debate no se limita a una simple confrontación entre la democracia representativa y la participativa, ni a un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el fondo, se trata de una expresión de la lucha de clases, donde los intereses económicos de los gremios y las élites están en juego.
La democracia colombiana, en teoría, combina elementos de representación y participación. Sin embargo, en la práctica, este equilibrio ha sido constantemente saboteado por quienes utilizan el poder económico para secuestrar la voluntad popular. Los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, plebiscitos y referendos, se han convertido en una amenaza para el orden establecido porque, cuando el pueblo tiene voz, esa voz tiende a desafiar los privilegios construidos sobre la desigualdad y la injusticia.
El poder legislativo ha sido, históricamente, el bastión de las élites económicas. Controlan el Congreso a través de lobbies, alianzas políticas y financiación de campañas. Las reformas que propone el presidente Petro afectan directamente esos intereses: la reforma laboral, busca dignificar el trabajo, fortalecer la organización sindical y garantizar condiciones mínimas de justicia social. La reforma a la salud, desafía el poder omnímodo de las EPS, monopolios que se lucran con la enfermedad y la muerte, mientras millones de colombianos no tienen acceso a servicios básicos.
La consulta popular se presenta como un intento desesperado por rescatar la agenda de reformas que la maquinaria legislativa bloquea con la misma frialdad con la que rechaza cualquier intento de redistribución económica o política.
El problema no es que la consulta popular sea un mecanismo inconstitucional. El problema es que, para quienes controlan el poder económico, es una amenaza real. La historia reciente lo demuestra. En 2016, el plebiscito por la paz fue derrotado por una estrategia perfectamente orquestada de desinformación y manipulación. La derecha política y económica, aliada con sectores ultraconservadores, utilizó el miedo como herramienta para bloquear un acuerdo que pretendía resolver un conflicto de más de medio siglo.
¿Y qué pasó con la consulta anticorrupción de 2018? Más de 11 millones de colombianos votaron a favor de medidas que buscaban frenar la corrupción desenfrenada que carcome al país. ¿El resultado? No alcanzó el umbral del 33% del censo electoral. Una vez más, las élites políticas, las mismas que saquean recursos públicos y perpetúan un sistema de impunidad, celebraron el fracaso con la certeza de que su poder quedaría intacto.
La propuesta de consulta popular de Petro enfrenta los mismos riesgos: 1. Campañas masivas de desinformación y manipulación mediática financiadas por gremios económicos que ven sus intereses en peligro 2. Movilización insuficiente de los sectores populares, que siguen desconfiando de un sistema que históricamente los ha traicionado 3. Un Congreso que utiliza su poder institucional para desacreditar cualquier intento de movilización popular que desafíe sus intereses.
El Verdadero Problema: Un Sistema Secuestrado por las Élites
No se trata de un conflicto abstracto entre la democracia representativa y la participativa. Se trata de una lucha cruda y real entre quienes tienen el poder económico y quienes lo sufren. La democracia representativa es funcional a las élites porque les permite controlar el poder sin necesidad de exponerse al juicio directo de la ciudadanía. En cambio, la democracia participativa, con todas sus limitaciones, abre la posibilidad de que sectores históricamente marginados puedan alzar la voz y exigir sus derechos.
La consulta popular de Petro es una amenaza precisamente porque pone en evidencia esta contradicción. Y en lugar de asumir el desafío como un acto de democratización genuina, las élites prefieren reducirlo a un juego de poder del Ejecutivo. Es irónico que quienes más defienden la democracia representativa sean quienes menos la respetan cuando sus intereses económicos están en riesgo.
El futuro de la consulta popular propuesta por Petro depende de la capacidad del movimiento social para movilizarse, para desafiar el aparato de poder que controla al Congreso y para enfrentar las campañas de desinformación que ya se están preparando en contra de la propuesta. El peligro no radica en el mecanismo de participación ciudadana en sí mismo, sino en la capacidad de las élites para sabotearlo.
Si la consulta fracasa, no será solo una derrota para Petro. Será una derrota para todos los que alguna vez creyeron que la democracia podía ser más que un juego con las cartas marcadas. Será un recordatorio brutal de que en Colombia el poder económico sigue siendo más fuerte que la voluntad popular.
Es hora de que el país se mire al espejo y decida si quiere seguir sometido a los intereses de unos pocos o si tiene la voluntad de rescatar la democracia de las garras de quienes la han secuestrado durante décadas.
Los gremios empresariales y los políticos que los sirven gritan que todo esto es un peligro para la economía. ¿De qué economía hablan? ¿De la que ellos manejan desde sus clubes privados, desde sus mansiones y oficinas blindadas? Porque la economía de la mayoría de colombianos es la de la miseria, el desempleo, la informalidad, el hambre.
¿De qué democracia hablan cuando lo único que defienden son sus privilegios? No hay democracia cuando millones de colombianos se acuestan sin comer. No hay democracia cuando la educación y la salud son lujos para unos pocos y humillaciones para la mayoría. No hay democracia cuando cada reforma que busca un cambio real es saboteada desde el poder económico y sus cómplices en el Congreso.
¿Qué hacen los poderosos? Se unen, se atrincheran, manipulan, mienten. ¿Hasta cuándo los colombianos van a seguir aguantando? ¿Cuántas veces más van a permitir que un puñado de privilegiados siga decidiendo su destino, pisoteando derechos, silenciando voces?
Colombia, nuestro país, se está desangrando bajo el poder despiadado de una élite económica que no quiere soltar el control. Y cada vez que alguien intenta cambiar eso, la respuesta siempre es la misma: BLOQUEAR, DESTRUIR, MENTIR.
Una nota de cristal de: José Gustavo Hernández Castaño, Magíster en Ciencias Políticas. Columnista R
Aviso de responsabilidad
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del columnista y no reflejan necesariamente el pensamiento de Revista Juventud. Revista Juventud se exime de cualquier responsabilidad por los puntos de vista presentados en este contenido.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
